Mientras México mantiene el silencio ante la dictadura en Nicaragua, 25 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron una resolución durante la cuarta sesión plenaria condenando la victoria electoral del presidente Daniel Ortega. Titulada “La situación en Nicaragua”, el bloque reiteró la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, haciendo un llamado para que se logre una solución pacífica ante la crisis política que atraviesa el país centroamericano.
Siete Estados se abstuvieron, incluyendo a México, Bolivia, Honduras y varios países caribeños. El único Estado que votó en contra fue el Estado infractor: Nicaragua. No fue ninguna sorpresa la abstención de nuestro país, debido a que respondió de la misma manera ante una resolución que aprobó la OEA en junio sobre Nicaragua, al igual que a la declaración que emitieron 59 países de la ONU el mismo mes por la grave violación de derechos humanos que impulsa el Gobierno de Ortega.
El proceso electoral en Nicaragua estuvo marcado por la detención de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de tres partidos políticos y el arresto de periodistas, empresarios, líderes sociales y otras figuras de la oposición acusados de conspiración y traición a la patria. Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, es presidente por quinta vez, la cuarta de manera consecutiva, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta. Es decir, lleva 14 años liderando el país.
La clara omisión de garantías democráticas en los comicios causó reacciones por parte de la Unión Europea, al igual que de Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca calificó como «falsas las elecciones de Nicaragua”, afirmando que la reelección del presidente Daniel Ortega fue «una pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática» y advirtió que en estrecha coordinación con la comunidad internacional utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas para hacer responsable al Gobierno de Ortega-Murillo.
El Congreso estadounidense avaló las preocupaciones señaladas por la administración de Joe Biden al aprobar la Ley RENACER, la cual recibió apoyo bipartidista, y cuyo objetivo es presionar y establecer sanciones más duras al régimen de Nicaragua.
La ley, promulgada por el mandatario estadounidense, pide una revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. Los legisladores justificaron la reevaluación de los beneficios económicos que goza el Gobierno nicaragüense por violar las cláusulas sobre gobernabilidad y derechos humanos del Tratado.
El objetivo de la Casa Blanca es que el líder sandinista sienta todo el peso del Gobierno de Estados Unidos y que sus medidas formen parte de una respuesta coordinada y amplia por parte de la comunidad internacional. México una vez más se posiciona en el lado equivocado de la historia. El silencio y el abstencionismo del Gobierno de la Cuarta Transformación se interpreta como un espaldarazo a Daniel Ortega, y se une a países como Venezuela, Rusia, Corea del Norte, Irán y Bolivia que han abiertamente felicitado al mandatario nicaragüense.
México sin duda se esconderá detrás de su favorito escudo, el principio de no intervención. Eso siempre y cuando no se enfrente con una crisis política que le convenga pronunciarse, como ocurrió durante el golpe de Estado en Bolivia en 2019. El entonces presidente Evo Morales no solo fue invitado como asilado político por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino como un amigo del gobierno mexicano, de similar tendencia política. En este contexto, no aplicó la no intervención y México claramente no se quedó callado.
La manera selectiva que Palacio Nacional utiliza este principio le quita credibilidad y legitimidad a la política exterior mexicana y deja claro que México apoya a gobiernos que violan sistemáticamente las normas e instituciones democráticas de sus países, y respalda a mandatarios que buscan perpetuarse en el poder. Alarmante, particularmente cuando el presidente López Obrador considera que la mejor política exterior es la interior.
Peor aún, se perfila como enemigo de naciones occidentales que rechazan el deterioro democrático en cualquier país del mundo. Esto le debe de importar mucho a México porque puede abrir un nuevo frente con su primer socio comercial, Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien es también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara Alta de Estados Unidos, me dijo que es “muy desafortunado que México haya tomado esta posición. El principio de la no intervención no quiere decir que no se puede opinar sobre la falta de derechos humanos y democracia en otro país. México firmo la carta democrática de la OEA y para cumplir con ella, se debe de pronunciar. Cuando México firmo la carta de la ONU de derechos universales se comprometió a esos principios, así que cuando México no se pronuncia no puede ser líder hemisférico y afecta la relación con los Estados Unidos”.
Ante advertencia no hay engaño.
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