La aparición de la variante ómicron del covid-19 ha causado revuelo en el mundo en los últimos días, especialmente después de que varios países pusieron restricciones y prohibiciones a viajeros que lleguen en vuelos de al menos siete países africanos. 

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, señaló que no se puede castigar a su país, donde fue detectada la variante ómicron, por haber hallado la variante gracias a la tecnología disponible. 

El continente africano ha argumentado que la aparición de esta variante era inevitable y que se debe a la falta de vacunación por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados. Es el resultado de que el mundo no vacunó de manera equitativa y la ineficiencia de la iniciativa de Covax sobre la distribución de vacunas a países pobres. 

El mecanismo Covax, creado por la ONU, tenía el objetivo de distribuir dos mil millones de dosis entre los países más desfavorecidos gracias a las aportaciones de colaboradores privados y de los países más desarrollados para 2021. Sin embargo, hace unas semanas se informó que solo había enviado alrededor de 400 millones de vacunas. 

El pasado mes de octubre, durante la cumbre del G-20, Unicef reveló que los países miembros de este foro habían recibido 15 veces más dosis por habitante que los países de África subsahariana.  

Hasta que gran parte de la población mundial no esté vacunada, seguirán surgiendo más variantes. África acumula un enorme retraso en la vacunación contra el Covid-19: tan solo el 7% de sus cerca de mil trescientos millones de habitantes ha recibido la pauta completa y a un 11% se le ha administrado una sola dosis.

La Organización Mundial de la Salud informó que solo uno de cada cuatro trabajadores sanitarios africanos está completamente vacunado y arremetió contra los países que imponen restricciones de viaje apresuradamente, alegando que deberían buscar mejor un enfoque científico y basado en el riesgo. Hasta el momento, siguen las investigaciones para conocer la transmisibilidad y la letalidad de esta nueva cepa, así como la protección de las vacunas existentes ante Omicrón. 

México ha sido una de las principales voces a nivel internacional sobre el reparto desigual de las vacunas. En abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución, suscrita por 179 países e impulsada por México, sobre la cooperación internacional para garantizar en condiciones de igualdad el acceso mundial a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al Covid-19.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Covax ha sido un fracaso y subrayó la brecha en la distribución de las vacunas de covid-19 en el mundo, ya que mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo Covax apenas ha distribuido el 6%. El liderazgo de nuestro país podría tomar un protagonismo importante en la lucha por inocular a países pobres. 

Los cierres de fronteras y las restricciones de viaje a países africanos pudiesen desincentivar a otras naciones a que reporten la detección de una nueva variante, temiendo medidas restrictivas por parte la comunidad internacional que afectan sus economías. 

El nacionalismo, el proteccionismo y la falta de una estrategia en común para inocular al mundo siguen permeando la crisis sanitaria del coronavirus. Es por ello, que la OMS convocó a los estados miembros para establecer un acuerdo internacional que incluya un plan de acción global para prevenir y combatir futuras pandemias. 

Mientras tanto, la recuperación económica y la salud de millones de personas está en peligro. 

Los dictadores quiebran una democracia y luego utilizan los procesos democráticos para perpetuarse en el poder. 

Este pasado domingo, Venezuela celebró elecciones regionales y municipales para elegir a más de 3 mil puestos, entre ellos gobernadores, alcaldes, diputados locales y concejales. El mandatario chavista, Nicolás Maduro, confirmó que los comicios fueron todo un éxito, y que quienes hayan ganado se tendrán que entender con él para trabajar unidos. 

Peligroso el escenario que se avecina en Venezuela, porque aún cuando por primera vez en 15 años se contó con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea, al igual que paneles de la Organización de las Naciones Unidas y del Centro Carter, se podría convertir en otra jugada chueca para justificar la permanencia de Maduro al mando del país. 

Estas elecciones pueden ser un nuevo punto de partida para el presidente Nicolás Maduro, ya que podrá abogar por el levantamiento de sanciones internacionales impuestas contra su Gobierno por haber realizado comicios “democráticos”, señalando que con la presencia de misiones de observación electoral y la participación de partidos opositores, la comunidad internacional no podrá cuestionar la legitimidad ni transparencia de los resultados. 

Difícilmente se puede creer que de repente un dictador se convierte en un demócrata. La elección presidencial de 2018, en la que fue reelecto Maduro, y en las legislativas de 2020, en las que el oficialismo recuperó la mayoría en el Parlamento, encontraron un amplio rechazo por la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea, debido a que la oposición se negó a participar y estuvieron marcadas por acusaciones de fraude. 

Aún cuando la oposición participó en estas elecciones, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, insistió que no existían condiciones para una elección justa y libre en el país. Por su parte, Maduro advirtió en la víspera de los comicios que la Unión Europea no está facultada para dar un «veredicto» del proceso. En pocas palabras, el chavismo tendrá la última palabra. 

El oficialismo ganó 20 de las 23 gubernaturas, y ante ello, el Gobierno de Estados Unidos anunció que invitará a opositores venezolanos y a representantes de Juan Guaidó a la Cumbre Virtual por la Democracia, convocada por el presidente Joe Biden el 9 y 10 de diciembre. Por su parte, el representante de Guaidó en Estados Unidos, el embajador Carlos Vecchio, calificó los comicios como una farsa electoral y pidió a la comunidad internacional mantener la unidad para salir de la dictadura. 

La oposición, que vuelve a la vía electoral con la mirada puesta en una elección presidencial transparente en 2024, tiene la opción de un referendo para revocar el mandato del gobernante el próximo año, siempre y cuando se defina en la mesa de negociación en México, que por ahora están paralizadas.

Sin embargo, Maduro declaró que no hay condiciones para retomar las conversaciones con la oposición en México, tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab, a Estados Unidos. 

Los dictadores de hoy debilitan una democracia por la vía legal y electoral con el fin de aparentar que la están fortaleciendo cuando en realidad utilizan las instituciones y normas democráticas para derrumbarla.

En América Latina, ya pasó en Nicaragua, Venezuela, Cuba y El Salvador va que vuela. La responsabilidad recae en la comunidad internacional para proteger las libertadas y los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Aquellos líderes que reconocen y aplauden los esfuerzos antidemocráticos de estas dictaduras, mandan una clara señal que son capaces de replicar estas estrategias en sus propios países. 

Mientras México mantiene el silencio ante la dictadura en Nicaragua, 25 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron una resolución durante la cuarta sesión plenaria condenando la victoria electoral del presidente Daniel Ortega. Titulada “La situación en Nicaragua”, el bloque reiteró la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, haciendo un llamado para que se logre una solución pacífica ante la crisis política que atraviesa el país centroamericano. 

Siete Estados se abstuvieron, incluyendo a México, Bolivia, Honduras y varios países caribeños. El único Estado que votó en contra fue el Estado infractor: Nicaragua. No fue ninguna sorpresa la abstención de nuestro país, debido a que respondió de la misma manera ante una resolución que aprobó la OEA en junio sobre Nicaragua, al igual que a la declaración que emitieron 59 países de la ONU el mismo mes por la grave violación de derechos humanos que impulsa el Gobierno de Ortega. 

El proceso electoral en Nicaragua estuvo marcado por la detención de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de tres partidos políticos y el arresto de periodistas, empresarios, líderes sociales y otras figuras de la oposición acusados de conspiración y traición a la patria. Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, es presidente por quinta vez, la cuarta de manera consecutiva, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta. Es decir, lleva 14 años liderando el país. 

La clara omisión de garantías democráticas en los comicios causó reacciones por parte de la Unión Europea, al igual que de Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca calificó como «falsas las elecciones de Nicaragua”, afirmando que la reelección del presidente Daniel Ortega fue «una pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática» y advirtió que en estrecha coordinación con la comunidad internacional utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas para hacer responsable al Gobierno de Ortega-Murillo.

El Congreso estadounidense avaló las preocupaciones señaladas por la administración de Joe Biden al aprobar la Ley RENACER, la cual recibió apoyo bipartidista, y cuyo objetivo es presionar y establecer sanciones más duras al régimen de Nicaragua. 

La ley, promulgada por el mandatario estadounidense, pide una revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. Los legisladores justificaron la reevaluación de los beneficios económicos que goza el Gobierno nicaragüense por violar las cláusulas sobre gobernabilidad y derechos humanos del Tratado. 

El objetivo de la Casa Blanca es que el líder sandinista sienta todo el peso del Gobierno de Estados Unidos y que sus medidas formen parte de una respuesta coordinada y amplia por parte de la comunidad internacional. México una vez más se posiciona en el lado equivocado de la historia. El silencio y el abstencionismo del Gobierno de la Cuarta Transformación se interpreta como un espaldarazo a Daniel Ortega, y se une a países como Venezuela, Rusia, Corea del Norte, Irán y Bolivia que han abiertamente felicitado al mandatario nicaragüense. 

México sin duda se esconderá detrás de su favorito escudo, el principio de no intervención. Eso siempre y cuando no se enfrente con una crisis política que le convenga pronunciarse, como ocurrió durante el golpe de Estado en Bolivia en 2019. El entonces presidente Evo Morales no solo fue invitado como asilado político por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino como un amigo del gobierno mexicano, de similar tendencia política. En este contexto, no aplicó la no intervención y México claramente no se quedó callado. 

La manera selectiva que Palacio Nacional utiliza este principio le quita credibilidad y legitimidad a la política exterior mexicana y deja claro que México apoya a gobiernos que violan sistemáticamente las normas e instituciones democráticas de sus países, y respalda a mandatarios que buscan perpetuarse en el poder. Alarmante, particularmente cuando el presidente López Obrador considera que la mejor política exterior es la interior. 

Peor aún, se perfila como enemigo de naciones occidentales que rechazan el deterioro democrático en cualquier país del mundo. Esto le debe de importar mucho a México porque puede abrir un nuevo frente con su primer socio comercial, Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien es también el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara Alta de Estados Unidos, me dijo que es “muy desafortunado que México haya tomado esta posición. El principio de la no intervención no quiere decir que no se puede opinar sobre la falta de derechos humanos y democracia en otro país. México firmo la carta democrática de la OEA y para cumplir con ella, se debe de pronunciar. Cuando México firmo la carta de la ONU de derechos universales se comprometió a esos principios, así que cuando México no se pronuncia no puede ser líder hemisférico y afecta la relación con los Estados Unidos”. 

Ante advertencia no hay engaño. 

Los líderes de América del Norte- Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau- celebrarán su novena cumbre el próximo 18 de noviembre en la Casa Blanca, el primero de este tipo en más de cinco años.

En 2005, comenzaron a celebrar lo que se conoce informalmente como la cumbre de los Tres Amigos y se reunieron hasta 2016, pero la práctica terminó cuando el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump asumió el cargo en enero de 2017. 

Los tres países están vinculados por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos-México-Canadá, mejor conocido como el T-MEC, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020 y cada año, hay un intercambio de 1.5 billones de dólares en la región norteamericana. 

El presidente Biden se reunió virtualmente con López Obrador y Trudeau, aunque con el canadiense coincidió en la cumbre del G20 en Roma. Por su parte, AMLO y Trudeau no se han visto cara a cara. En varios comunicados, los mandatarios informaron que discutirán una estrategia en conjunto para poner fin a la pandemia de Covid-19, solucionar las interrupciones en las cadenas de suministro, avanzar en el desarrollo y la inclusión social, al igual que abordarán la crisis del cambio climático y la migración. 

Aunque afirman que buscarán refrendar y reactivar una visión en común para la región, existen fuertes tensiones entre los tres países por distintas razones. Estados Unidos se enfocará en dos grandes temas con México, la crisis migratoria y la reforma energética que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación, la cual ha causado preocupaciones tanto en el sector privado estadounidense como en el canadiense, al igual que con el Congreso de Estados Unidos. La reunión llega justo en un momento en el que los republicanos presionan a Biden para que tome medidas más agresivas ante el número record de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. 

Por su parte, México y Canadá arremetieron contra Estados Unidos en octubre por los incentivos fiscales propuestos por el Congreso estadounidense a consumidores que adquieran vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos, argumentando que viola los acuerdos del TMEC.

Canadá trae sus propios pleitos con la Casa Blanca, particularmente con el sector energético de su país, el cual se ha visto afectado con el regreso de los demócratas al poder. En la primera semana de su Gobierno, el presidente Biden canceló los permisos para el oleoducto Keystone XL, lo que representó un golpe de miles de millones de dólares para la provincia de Alberta. El mandatario estadounidense tampoco ha hecho mucho para evitar que la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, intente cerrar el oleoducto de la Línea 5 de Enbridge, una arteria crucial que suministra productos petroleros y gas natural para impulsar grandes porciones de la economía canadiense. 

Sin duda la frontera será un tema de importancia, ya que el encuentro se dará a solo 10 días después de que Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres con Canadá y México a los viajes no esenciales, tras un cierre desde marzo de 2020. A pesar de que Canadá permitió la entrada a los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses que estuvieran completamente vacunados a partir del 9 de agosto y aunque México abogó por la reapertura en varias ocasiones, el Gobierno de Biden se esperó hasta el 8 de noviembre. Aun así, millones de mexicanos inoculados con las vacunas de Cansino y Sputnik no podrán ingresar a Estados Unidos, ya que ambas no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. 

Entre grandes amigos también existe gran rivalidad y problemas de fondo. 

Uno de los primeros logros que se anunciaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, mejor conocida como la COP26, fue que más de 100 líderes mundiales se comprometieron a poner fin y revertir la deforestación para 2030. Adquirieron la obligación de desembolsar 19 mil millones de dólares de fondos privados y públicos.

Los países que firmaron el compromiso, como Canadá, Brasil, Rusia, China, Indonesia, la República Democrática del Congo, Estados Unidos y el Reino Unido, representan alrededor del 85% de los bosques del mundo.

Más de 30 instituciones financieras se comprometieron a dejar de invertir en empresas que no ayudan a terminar con la deforestación y hay nuevo conjunto de acciones para eliminar la deforestación de las cadenas de suministro.

Ante el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus mañaneras aseguró que el plan de deforestación de la COP26 salió de su programa social Sembrando Vida y que México propuso la iniciativa. Destacó también que México es el único país que anualmente destina mil 300 mdd al año para reforestar su territorio.

Es interesante la declaración del presidente porque si México realmente fuera el arquitecto de un logro tan importante se esperaría que asistiera López Obrador a la conferencia, lo cual no sucedió. Pero quizás lo más peculiar es que en un inicio, México no apareció entre los 105 firmantes del acuerdo, a pesar de que nuestro país ocupa el lugar número 11 entre las naciones con más bosques. No fue hasta horas más tarde que la Cancillería confirmó la adhesión del Gobierno de México al pacto. 

El presidente ha destinado un presupuesto significativo a Sembrando Vida, de enero a septiembre de este año, la inversión ascendió a 19 mil millones de pesos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, le otorgó 29 mil 446 millones de pesos al programa. La financiación de este proyecto es de reconocerse, pero de ahí a decir que el plan de deforestación de la COP26 se basó en Sembrando Vida esta completamente fuera de la realidad. 

El texto del acuerdo en Glasgow resalta que se monta en una serie de declaraciones anteriores, particularmente la Declaración de Nueva York sobre los Bosques que se firmó en 2014 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima, al igual que en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, los cuales fijaban metas para poner fin a la deforestación para 2030. 

Estas se suman a las Metas de Aichi para la biodiversidad de 2010 y el Desafío de Bonn, el cual fue un esfuerzo global para llevar a la restauración de 150 millones de hectáreas de bosques degradados para el 2020, y 350 millones de hectáreas para el 2030. Estos objetivos fueron ampliados en la Declaración de Nueva York. Sembrando Vida no figuró. 

La mayoría de los países alrededor del mundo no han cumplido las metas fijadas en el pasado, pero lo reconocen y no presumen los pocos logros que han tenido, los cuales han sido claramente insuficientes. La presencia de los lideres mundiales en la COP26 demuestra la urgencia de la crisis climática y la necesidad de abatir el calentamiento de la Tierra de manera colectiva. 

Poner fin a la deforestación es clave para revertir la pérdida de biodiversidad y avanzar la sostenibilidad rural, pero para limitar el calentamiento global, los expertos coinciden en que los países tienen que reducir las emisiones de carbono en aproximadamente un 55% para 2030 para mantener la temperatura del planeta por debajo de los 1.5 grados centígrados. 

En esta materia, el Climate Action Tracker, califica los objetivos y las políticas medioambientales de México como «altamente insuficientes» y subraya que el país no aumentó sus metas de mitigación para 2030, incumpliendo con el compromiso delineado en el Acuerdo de París que cada Estado firmante debe mostrar una progresión al alza en sus metas para reducir las emisiones de carbono.  

Sembrando Vida es tan solo una gota en el mar.